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enero 21, 2020

Cuarto trimestre de 2019: revisión de cumplimiento de América Latina


En el cuarto trimestre de 2019, las autoridades responsables de la aplicación de la ley mantuvieron sus esfuerzos para procesar a aquellas personas que violaron las leyes anticorrupción de los EE. UU. en cuestiones relacionadas con América Latina, mientras que las autoridades de América Latina, incluidas las de Brasil, Perú y México, avanzaron con la aplicación por su propia cuenta, en ocasiones sin coordinarlo con las autoridades de los EE. UU. Esta revisión destaca estas recientes tendencias y acontecimientos.

AUTORIDADES DE LOS EE. UU.: EL ALCANCE Y LA DISPOSICIÓN PARA COOPERAR DEL DOJ

Procesamiento de extranjeros

El 8 de noviembre de 2019, un jurado federal en Connecticut condenó a Lawrence Hoskins por seis cargos de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”), tres cargos de lavado de dinero y dos cargos de asociación ilícita, debido a su participación en un esquema que pretendía sobornar a funcionarios del gobierno en Indonesia.[i] La condena de Hoskins puso fin a una saga que comenzó con su acusación en 2013. El proceso penal en los EE. UU. sufrió demoras dado que Hoskins impugnó el alcance jurisdiccional de la FCPA basándose en el hecho de que jamás puso un pie en los Estados Unidos y que estaba trabajando en Francia usando un pasaporte del Reino Unido. A pesar de esta impugnación, Hoskins fue condenado por violación de la FCPA al actuar como agente de una “empresa nacional” —en este caso, la subsidiaria en Connecticut para la que trabajaba— cuando ayudó a organizar sobornos para funcionarios del gobierno de Indonesia.[ii]

Tras la condena de Hoskins, el jefe de la División Penal del Departamento de Justicia (Department of Justice, “DOJ”), Brian Benczkowski, habló sobre el caso y manifestó que el DOJ no consideraba que el proceso de Hoskins fuera un cheque en blanco: “Quiero dejar en claro hoy que el Departamento no está buscando extender los límites de los principios del organismo más allá del reconocimiento o incluso ejercer presión al estatuto de la FCPA hasta sus últimos límites”.[iii] También advirtió que si los fiscales llegaran a encontrar evidencias respecto del uso de estructuras o agentes corporativos para proteger a una empresa matriz o a ejecutivos de alto nivel en forma individual de la responsabilidad penal, era probable que el Departamento favoreciera con insistencia el enjuiciamiento en tales casos.[iv] Sigue por verse si la condena cambiará la forma en la que los fiscales abordan casos en la práctica, si es que lo hacen, pero la condena subraya y valida, en cierta medida, la visión notoriamente amplia de los fiscales respecto de su capacidad para ir tras la aplicación de la ley en casos en los que existen contactos muy limitados con los Estados Unidos.

Cómo alentar la autodivulgación de los controles a las exportaciones y las sanciones por violaciones

El 13 de diciembre de 2019, la División de Seguridad Nacional (National Security Division, “NSD”) del DOJ introdujo una política de divulgación voluntaria revisada[v] para la aplicación del control a las exportaciones y las sanciones.[vi] De acuerdo con la nueva política, que en líneas generales coincide con la Política de Aplicación de las Normas Corporativas de la FCPA de la División Penal del DOJ, las compañías que autodivulgan plenamente las aparentes violaciones directamente a la sección de contrainteligencia y control de las exportaciones dentro del NSD, y subsanan y cooperan con las autoridades obtendrán el beneficio de “una presunción de que la compañía obtendrá un acuerdo de no enjuiciamiento y no pagará una multa, si no se encuentran factores agravantes”.[vii] Sin embargo, a diferencia de la Política de Aplicación de las Normas Corporativas de la FCPA, no se ofrecerá a las compañías la presunción de declinación.[viii]

ESFUERZOS DE APLICACIÓN DE LA LEY EN BRASIL QUE SURGEN DE LA COORDINACIÓN Y LOS ESFUERZOS INTERNOS

Las autoridades de EE. UU. y Brasil continúan coordinando esfuerzos para la aplicación de la ley.[ix] De acuerdo con David Brassanini, el jefe de operaciones y agregado en asuntos legales del FBI en Brasilia, el FBI ha solicitado que un equipo especializado maneje la cantidad total de solicitudes que recibe en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua por parte de las autoridades de Brasil, que es el país con mayor cantidad de solicitudes de información para pruebas e inteligencia.[x] Brassanini destacó que las autoridades de los EE. UU. han ayudado a imponer un acuerdo extrajudicial por soborno de USD 2.600 millones con la compañía constructora Odebrecht en 2016, que se dividió entre las autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.[xi]

Mientras tanto, las autoridades de Brasil siguen llegando a resoluciones que emanan de las investigaciones en la Operación Autolavado o Lava jato. En noviembre, las autoridades brasileñas firmaron dos importantes acuerdos de indulgencia en menos de dos semanas. En primer lugar, la Oficina del Fiscal General (Attorney General’s Office, “AGU”), el Secretario de Hacienda (Comptroller General of the Union, “CGU”), y la compañía constructora OAS acordaron que OAS pagaría casi BRL 2.000 millones (moneda de Brasil) para resolver los alegatos de soborno.[xii] Unos pocos días antes, las mismas autoridades llegaron a un acuerdo similar con la compañía constructora Engevix Group en el que la compañía aceptaba pagar más de BRL 500 millones para llegar a un acuerdo, con lo cual la cantidad total de acuerdos de indulgencia firmados entre CGU, AGU y las empresas vinculadas con la Operación Autolavado o Lava jato llegó a 11.[xiii]

Más recientemente, tras el acuerdo extrajudicial de la FCPA que celebrara Telefónica Brasil con la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., el Secretario de Hacienda abrió una investigación respecto de los funcionarios públicos que supuestamente aceptaron sobornos de la compañía durante la Copa de Confederaciones 2013 y la Copa del Mundo 2014.[xiv] Esta investigación refleja los crecientes esfuerzos del CGU por colaborar en las investigaciones nacionales e internacionales.

ECUADOR: EL DOJ LOGRA LA 10.a Y LA 11.a DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD EN EL ESQUEMA DE SOBORNOS DE PETROECUADOR

Los esfuerzos del DOJ para procesar a las personas involucradas en un esquema de sobornos en PetroEcuador, la compañía petrolera nacional de Ecuador, continúan avanzando. El 11 de octubre de 2019, Chatburn Ripalda se declaró culpable de asociación ilícita para el lavado de dinero por haber facilitado supuestamente pagos de sobornos por un valor de USD 3,2 millones a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener los contratos para Galileo Energy S.A.[xv] El 18 de diciembre de 2019, fue sentenciado a 42 meses de prisión, libertad condicional supervisada durante tres años y una multa de USD 40.000.[xvi]

El 14 de noviembre de 2019, José Raúl de la Torre Prado, un exfuncionario de PetroEcuador se convirtió en la 11.a persona en declararse culpable en los EE. UU. por su participación en el esquema. De la Torre admitió haber solicitado pagos de más de USD 3 millones en sobornos de una compañía a cambio de contratos favorables con PetroEcuador.

Tras estos acontecimientos, el 13 de diciembre de 2019, PetroEcuador solicitó a un tribunal federal de Miami que la reconociera como víctima y le concediera la restitución en el caso de Chatburn Ripalda. La audiencia de restitución está programada para el día 5 de febrero de 2020.[xvii] PetroEcuador presentó su moción de restitución a pesar de que un recurso similar fuera rechazado en solicitudes previas.[xviii]

PERÚ DISUELVE EL CONGRESO Y PERSISTE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En septiembre de 2019, el presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el Congreso en un intento por poner fin a una batalla de un año con los legisladores de la derecha con respecto a su campaña anticorrupción.[xix] Vizcarra luego convocó a elecciones legislativas para reemplazar al partido mayoritario, liderado por la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori, que se encontraba en prisión en ese momento pero que luego fue liberada. A fines de octubre, el tribunal superior de Perú aceptó una demanda para determinar si el presidente se excedió en el uso de sus facultades al disolver el Congreso. A pesar de ello, las nuevas elecciones legislativas están programadas para el 26 de enero de 2020 con el fin de elegir a los nuevos miembros del Congreso.[xx]

Mientras tanto, los esfuerzos de aplicación de la ley en la lucha contra la corrupción de Perú siguen avanzado a paso rápido. En noviembre de 2019, un juez peruano ordenó la detención de 14 abogados mientras se llevaba a cabo una investigación de supuesto favoritismo en la adjudicación de contratos de obras públicas por un valor de al menos USD 250 millones a la compañía constructora brasileña Odebrecht.[xxi] A fines de noviembre, un tribunal peruano anuló ocho de estos pedidos de prisión preventiva previa al juicio; sin embargo, a pesar de la apelación exitosa respecto de estos pedidos de prisión preventiva, la investigación de los ocho abogados liberados continúa.[xxii]

NUEVO ENTORNO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY EN MÉXICO

El entorno para la aplicación de la ley más riguroso en México que muchos esperaban con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador parece comenzar a vislumbrarse. Recientemente se hizo público que la directora de los fiscales anticorrupción en México, la Sra. Luz Mijangos Borja, ya tiene 680 casos bajo investigación.[xxiii] Mijangos Borja fue nombrada en marzo de 2019. En los ocho meses que lleva en su cargo, rápida y silenciosamente ha incrementado la actividad investigativa.

Al mismo tiempo, la autoridad estatutaria de los funcionarios mexicanos para avanzar con los casos anticorrupción se ha incrementado. El 6 de noviembre de 2019, la legislatura de México votó a favor de permitir que el Ministerio de Finanzas del país incorporara personas de las que pesaban sospechas de lavado de dinero y otros delitos financieros a un registro oficial que permite el congelamiento de sus activos. Según la propuesta de enmienda, quienes pretendan apelar una decisión del Ministerio de Finanzas para incluirlos en una lista negra, deben presentar una solicitud de recurso ante la Unidad de Inteligencia Financiera que supervisa el registro.[xxiv] Esto, en combinación con lo establecido en la Ley Nacional de Confiscación de Activos (agosto de 2019) que otorgaba al fiscal general mexicano la autoridad para vender los activos incautados de ciertos sospechosos sin supervisión judicial amplía las facultades de aplicación de la ley del gobierno.[xxv]

 

[i] Richard L. Cassin, Jury convicts Hoskins of multiple FCPA and money laundering offenses, The FCPA Blog (8 de nov. de 2019), https://fcpablog.com/2019/11/08/jury-convicts-hoskins-of-multiple-fcpa-and-money-laundering-offenses/.

[ii]Íd.

[iii] Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski Delivers Remarks at the American Conference Institute’s 36th International Conference on the Foreign Corrupt Practices Act, DOJ, Off. of Public Affairs (4 de dic. de 2019), https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-brian-benczkowski-delivers-remarks-american-conference.

[iv] Íd.

[v] Export Control and Sanctions Enforcement Policy for Business Organizations, DOJ (13 de dic. de 2019), https://www.justice.gov/nsd/ces_vsd_policy_2019/download?utm_medium=email&utm_source=govdelivery.

[vi] Will Barbieri, US Bolsters Incentives for Self-Reporting of Sanctions Violations, Global Investigations Review (16 de dic. de 2019), https://globalinvestigationsreview.com/article/1212207/us-bolsters-incentives-for-self-reporting-of-sanctions-violations.

[vii] DOJ, nota 5 anterior, en 2.

[viii] Principal Deputy Assistant Attorney General David Burns Delivers Remarks Announcing New Export Controls and Sanctions Enforcement Policy for Business Organizations, DOJ (13 de dic. de 2019), https://www.justice.gov/opa/speech/principal-deputy-assistant-attorney-general-david-burns-delivers-remarks-announcing-new.

[ix]3.er trimestre de 2019: Revisión de cumplimiento de América Latina, 14 de octubre de 2019.

[x] FBI Wants New Unit for Brazilian Evidence Requests, Latin Lawyer (14 de nov. de 2019), https://latinlawyer.com/article/1210894/fbi-wants-new-unit-for-brazilian-evidence-requests; David Brassanini, Latin Lawyer – Global Investigations Review Live 7th Annual Anti-Corruption and Investigations conference.

[xi]Michael Griffiths, The Odebrecht Fact Sheet, Latin Lawyer (2 de mar. de 2017), https://latinlawyer.com/article/1129974/the-odebrecht-fact-sheet.

[xii] AGU e CGU assinam acordo de leniência com OAS, que pagará R$ 1,92 bilhão,

Advocacia-Geral da União (14 de nov. de 2019), http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/836430.

[xiii] Antiga Engevix, Nova Participações pagará R$ 516 milhões após acordo de leniência, Advocacia-Geral da União (12 de nov. de 2019), http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/834230.

[xiv] Paulo Roberto Netto, CGU investiga agentes acusados de receber ingressos da Copa devido a ‘cargo estratégico,’ Estadão (25 de nov. de 2019), https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/cgu-investiga-agentes-acusados-de-receber-ingressos-da-copa-devido-a-cargo-estrategico/; Will Neal, Brazil launches probe into officials allegedly bribed with football tickets, Latin Lawyer (29 de nov. de 2019), https://latinlawyer.com/article/1211482/brazil-launches-probe-into-officials-allegedly-bribed-with-football-tickets.

[xv] Clara Hudson, Anti-Corruption: On Eve of Trial, Miami Businessman Pleads Guilty, Global Investigations Review (11 de oct. de 2019), https://globalinvestigationsreview.com/article/jac/1209513/on-eve-of-trial-miami-businessman-pleads-guilty.

[xvi] Clara Hudson, Just Anticorruption: Miami Businessman Sentenced in PetroEcuador Bribery Case, Global Investigations Review (18 de dic. de 2019), https://globalinvestigationsreview.com/article/jac/1212276/miami-businessman-sentenced-in-petroecuador-bribery-case.

[xvii] Clara Hudson, Just Anti-Corruption: PetroEcuador Doubles Down in Restitution Battle, Global Investigations Review (16 de dic. de 2019), https://globalinvestigationsreview.com/article/jac/1212206/petroecuador-doubles-down-in-restitution-.

[xviii] Clara Hudson, Just Anti-Corruption: PetroEcuador is Not a Victim, Miami Judge Says, Global Investigations Review (23 de sept. de 2019), https://globalinvestigationsreview.com/article/jac/1197882/petroecuador-is-not-a-victim-miami-judge-says.

[xix] Franklin Briceno, et al., Peru President Dissolves Congress Amid Anti-Corruption Push, AP News (30 de sep. de 2019), https://apnews.com/82d3dd0d76054d5ba6744825c448d973.

[xx] Marco Aquino, et al., Peru’s Top Court Accepts Lawsuit Against Vizcarra’s Closure of Congress, Reuters (29 de oct. de 2019), https://www.reuters.com/article/us-peru-politics/perus-top-court-accepts-lawsuit-against-vizcarras-closure-of-congress-idUSKBN1X82IU.

[xxi] Peruvian Judgment (4 de nov. de 2019), https://globalarbitrationreview.com/digital_assets/57524d75-4cc9-4862-b532-5b50d6c6cad4/Peruvian-arbitrators-criminal-judgment.pdf.

[xxii] Peruvian Appeal Decision (25 de nov. de 2019), https://globalarbitrationreview.com/digital_assets/91c1dc83-4418-4002-abfc-36d330a9a5e6/First-Criminal-Court-of-Appeals-judgment.pdf.

[xxiii] Luis Dantón Martínez Corres, New Corruption Prosecutor Opens 680 Investigations, The FCPA Blog (18 de dic. de 2019), https://fcpablog.com/2019/12/18/new-corruption-prosecutor-opens-680-investigations/.

[xxiv] Will Neal, Mexican Parliament Votes to Expand Powers of Finance Ministry, Global Investigations Review (7 de nov. de 2019), https://globalinvestigationsreview.com/article/1210714/mexican-parliament-votes-to-expand-powers-of-finance-ministry.

[xxv] Santamarina and Steta SC, New National Asset Forfeiture Law (Ley Nacional de Extinción de Dominio), Lexology (13 de ago. de 2019), https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7a4d11a4-3d3e-41a2-adfe-fd2e1fc57dd7.